El Canal de Denuncias es un mecanismo establecido por una organización para que las personas puedan informar sobre conductas indebidas, irregularidades o violaciones de políticas dentro de dicha organización. El canal de denuncias puede ser utilizado por empleados, clientes, proveedores u otras partes interesadas para informar sobre actividades ilícitas, corrupción, fraude, acoso, discriminación u otros comportamientos inapropiados.
El objetivo principal de un canal de denuncias es fomentar un entorno seguro y ético, en el que las personas se sientan seguras al informar sobre posibles problemas sin temor a represalias. Al proporcionar un medio confidencial y seguro para presentar denuncias, se busca evitar la impunidad y permitir que la organización tome medidas apropiadas para abordar las preocupaciones planteadas.
En España el Canal de Denuncias está regulado por la Ley 2/2003, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Whistleblowing).
Esta nueva ley española establece la obligatoriedad de implementar un Canal de Denuncias a las empresas con más de 50 trabajadores y entidades del sector público. Su finalidad es el fortalecimiento de la cultura de la información y comunicación de las organizaciones, como mecanismo para prevenir y detectar amenazas de interés público, además de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante el canal de denuncias, otorgando una protección adecuada al informante frente a las represalias.